TIERRA Y VIVIENDA: Aferradas a la esperanza de una vivienda digna, 360 familias luchan en la justicia contra una orden de desalojo

Comunicación de la Comisión Nacional de Tierras - 19 marzo 2014

14-03-2014 | 20:05
Alejandro Korn, San Vicente
Aferradas a la esperanza, 360 familias luchan en la justicia contra una orden de desalojo
En medio de un importante conflicto por la titularidad de las tierras que ocupan, manifiestan su voluntad de quedarse en el lugar que están desde hace dos años donde llevan adelante distintos proyectos comunitarios. La orden de desalojo está en suspenso.

Como si fuera una lucha contra la desigualdad, 360 familias de la localidad de Alejandro Korn, en el partido de San Vicente iniciaron hace poco tiempo un plan de lucha para evitar que los desalojen del lugar que ocuparon y al que acondicionaron hace dos años por la necesidad imperiosa de tener un lugar donde vivir.
El tiempo corre. Por orden judicial tienen un plazo de 120 días desde el 17 de febrero para desalojar el lugar, que, incluso, está inmerso en una gran polémica sobre la titularidad de las tierras. Aún así los vecinos piensan en resistir.
Se trata de un predio de 25 hectáreas, o lo que es mismo 12 manzanas, ubicados en entre las calles Gainza, Castelar, Avellaneda y Güemes, que al momento de su ocupación el 29 de junio de 2012 tenía todos los rastros de estar abandonado.
Sin embargo, al poco tiempo comenzaron los problemas. Un vecino del distrito, José Molero, realizó una denuncia de usurpación y acreditó la propiedad de las tierras con un boleto de compraventa . En medio del proceso, Oscar Olivero, de la empresa Solares de San Vicente se presentó como titular del dominio y activó una vieja demanda, que engrosó la causa.
Rápidamente se inició una causa penal que derivó en una orden de desalojo por el Juzgado de Garantías Nº 3 y luego una ratificación de esa decisión por la Sala II de la Cámara Penal de La Plata, integrada por los jueces Ricardo Szelagowski (h), Laura Lasaga y Sergio Almeida.
La fecha estaba prevista para el 17 de febrero. Pero la organización de los vecinos y la intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Comisión Nacional de Tierras pudo más. Los jueces suspendieron la orden por 120 días, lapso en el que los vecinos apuestan a una solución para poder quedarse en el lugar.

La Esperanza, tal el nombre que le pusieron no es por mera casualidad. Sus habitantes llevan adelante distintos proyectos comunitarios como el proyecto Huerta Escuela Comunitaria, dependiente del Programa Pro Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cuenta con la colaboración de la Asociación Civil Ashpa.
Entre todas las familias hay 1000 niños, cuyo bienestar está en juego. Además, allí habitan madres embarazadas, adolescentes, adultos mayores, y personas con discapacidad, todos en situación de vulnerabilidad. La mayoría, procedentes de Paraguay, y con trabajos en casas particulares o en obras de construcción.

Intereses
En los últimos días se abrieron dos líneas de acción para destrabar el conflicto. La diputada Alicia Sánchez del Frente para la Victoria presentó el 12 de marzo un proyecto, basado en otro anterior, “para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en el Barrio La Esperanza con destinos a sus actuales ocupantes”.
Por otro lado, con la participación de organismos estatales se entabló una negociación, aunque es una alternativa compleja, dado que la titularidad de las tierras está envuelta en una maraña de intereses cruzados que aún no se dilucidó por completo.
En términos prácticos, había tres personas diferentes que alegaban ser propietarios de la tierra, mientras el tiempo pasaba. La intervención de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Tierras y la Subsecretaría Social de Tierras bonaerense frenó la orden judicial mientras se dilucidaba la cuestión.

Derechos y polémica
El derecho del acceso a una vivienda digna representa la base para que se hagan efectivos el resto de los derechos humanos. Pero esa declaración choca con el grave déficit habitacional existente en la provincia, donde una de cada cuatro personas sufre la problemática, de acuerdo a un informe del Instituto de la Vivienda.
La Comisión Nacional de Tierras declaró que está en condiciones de aportar los fondos necesarios para comprar la tierra en este caso si surge la posibilidad de adquirir, pero un informe preliminar señaló que el barrio está asentado en un terreno inundable, no apto, algo que puede complicar esa operatoria.
La situación se da poco tiempo después que el gobierno bonaerense manifieste que ya se encuentra operativa la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, por la que tanto pelearon el último año distintas organizaciones sociales ante la resistencia desde el poder político.
En ese marco, desde las organizaciones se tiene presente que se puede avanzar en una regularización de la situación de acuerdo al espíritu de la norma, que declara la función social de la propiedad y el derecho a la ciudad y la vivienda, lineamientos de una legislación considerada de avanzada en el país.
Los propios vecinos aclaran que están dispuestos a pagar la tierra de ser posible. “Nosotros somos trabajadores y podemos llegar a pagar la tierra pero a un valor social, porque no tenemos los recursos, y no podemos sacar siquiera un crédito. Lo que tenemos claro es que nos queremos quedar acá”, afirma Bruno.
Su lucha llegó a tener el respaldo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien también abogó por la suspensión de la expulsión de la tierra. Realizaron marchas a Plaza de Mayo y a La Plata. Los vecinos se muestran confiados en poder quedarse donde están. Piden sólo que se les garantice su derecho a una vivienda.