Las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad.
El caso de barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba, o juicio a las fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo de haber puesto en el banquillo de los acusados a dos productores sojeros y un empresario de la aeroaplicación sindicados de ser supuestamente responsables del delito de contaminación ambiental en los términos de la ley 24.051. Además, ha permitido vislumbrar en toda su magnitud la discusión sobre el actual modelo de producción agropecuaria basado sobre la utilización del paquete tecnológico compuesto por soja transgénica más productos agrotóxicos.
Este “modelo de producción” es cuestionado de manera profunda y fundada por la sociedad civil, principalmente por vecinos que habitan cerca de los predios rurales explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios.
Ellos advierten y denuncian en forma enfática la aparición inusitada de enfermedades graves –como malformaciones, cánceres, leucemia, lupus, abortos espontáneos, fisura palatina, etcétera– asociadas con el uso creciente e intensivo de estos productos agrotóxicos.
Las favorables condiciones externas y los precios internacionales dieron lugar al pujante negocio de la “sojización”, es decir, el proceso de pasar de cero a 18 millones de hectáreas cultivadas, de cero a 50 millones de toneladas, de cero a 20 mil millones de dólares de exportación, y de un consumo de cero a 200 millones de litros anuales de glifosato.
Pero lo que resulta alarmante es la contracara de este proceso, representada por la aparición y el incremento de enfermedades graves asociadas con el uso intensivo y creciente de los productos agrotóxicos, el desmonte y la desaparición de los bosques nativos, el despojo de campesinos y pueblos originarios. Todo lo cual viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida, a vivir en un ambiente sano y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupa esa gente.
Víctimas. La Red Agroforestal precisa que en el Chaco argentino se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa, y en todo el país existen víctimas de la violación a los derechos territoriales, como los siguientes casos:
Sandra Juárez murió frente a una topadora el 13 de marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero); tenía 33 años y dos hijos.
Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán), fue asesinado el 12 de octubre de 2009 por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario.
Roberto López, miembro de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa), fue asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010.
Cristian Ferreyra, 23 años, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, en el norte de esa provincia.
Barrio Ituzaingó Anexo: más de 100 vecinos muertos por cáncer (tasa de muerte por cáncer, 33 por ciento; en Argentina, 18 por ciento); el 80 por ciento de niños del barrio tienen agrotóxicos en la sangre.
Por su parte, la subsecretaría de Agricultura Familiar, en un relevamiento de apenas tres meses, constató la existencia de “857 conflictos de tierra en todo el país, que afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas”. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria en la Argentina.
Objetivo ilógico. La superficie en disputa alcanza los 11,4 millones de hectáreas y son afectados 1,6 millón de personas. Sumado a ello, el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado recientemente por el Gobierno nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar la producción granaria un 60 por ciento. Esto es, pasar de los 100 millones de toneladas actuales a 160 millones para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios. Desmontes, uso de agrotóxicos, conflictos territoriales y desalojos son las consecuencias más predecibles.
Por eso nos preguntamos: ¿cuántos hermanos más deben morir para acabar con este modelo de producción que cada día enferma y mata a más gente? Más específicamente, en materia de fumigaciones se estima que son 12 millones de personas las que se encuentran expuestas de modo directo, sistemático, repetitivo y generalizado a los agrotóxicos, cuyas consecuencias en la salud y el ambiente se están discutiendo por estos días en sede judicial en la ciudad de Córdoba, en el marco de la denominada “Causa de barrio Ituzaingó Anexo”.
Crímenes. Por todo ello, decimos que las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad. Ello por cuanto se trata de actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo más esencial: su vida, su libertad, su bienestar psíquico, su salud y/o dignidad. Son actos que, por su extensión y gravedad, van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional.
En tal sentido, podemos afirmar con claridad que los elementos comunes a todos los crímenes de lesa humanidad están igualmente presentes en el caso de las fumigaciones.
Ataque repetitivo, sistemático y generalizado: las fumigaciones implican, entonces, una serie de actos, sostenidos en el tiempo, no menos de tres por cosecha, realizados en contra de la voluntad de ciudadanos que viven cerca de los campos sembrados con soja. Dicha línea de conducta afecta anualmente a miles de víctimas en el mundo, sin distinguir raza, sexo y edad, y se lleva a cabo conforme con la logística diseñada por organizaciones transnacionales dedicadas al comercio de estos paquetes tecnológicos (soja transgénica y glifosato).
Contra una población civil: las fumigaciones afectan a un extenso grupo humano, sin distinción de credo, raza y edad.
Importa el traslado forzoso de la población civil rural, campesina y pueblos originarios hacia centros urbanos o más alejados de su hábitat natural, con el propósito de escapar a estas agresiones, abandonando su centro de vida, su cultura, etcétera, condenándolos al desarraigo más encarnizado.
En definitiva, es imprescindible abandonar el actual modelo de producción que sólo persigue la maximización de las ganancias por parte de las empresas multinacionales, empresarios sojeros y pools de siembra, en detrimento de la salud pública de todos los habitantes y del medio ambiente en general.
Por Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz)
31/07/2012
Publicado en www.lavoz.com.ar
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