Buenos Aires, JUNIO-2011 (Télam).- La Fundación La Alameda denunció hoy penalmente a tres conocidos diseñadores de moda por utilizar "trabajo forzoso" y violar legislación inmigratoria en un taller ilegal de costura, en el partido bonaerense de Avellaneda.
"Presentamos esta mañana la denuncia ante el juez federal de Quilmes Luis Armella y ahora estamos haciendo una clausura simbólica del taller", dijo a Télam Gustavo Vera, dirigente de La Alameda.
La organización social denunció ante la Justicia que los diseñadores de moda Benito Fernández, Jorge Ibañez y Laurencio Adot confeccionan prendas exclusivas en "el taller ilegal de la calle Pitágoras 1790", de Avellaneda.
Costureros, en gran parte inmigrantes, confeccionan allí vestidos encargados por famosos, entre otras prendas de alto precio, bajo la modalidad de trabajo a destajo, "a razón de seis pesos por hora, casi la mitad de lo que indica el convenio y sin ningún tipo de aportes", añadió.
Por un vestido confeccionado en estas condiciones, los tres "diseñadores cobran 25.000 pesos en sus casas exclusivas" pero "pagan 2.000 a la dueña del taller", mientras que el costurero que lo hizo "en dos días de trabajo a destajo y artesanal" percibe "menos de 100 pesos", a razón de seis por hora, según La Alameda.
En la presentación realizada ante el juez Armella, también fue denunciada la dueña del taller, Pía Núñez, por violación a las leyes de trabajo a domicilio, de migraciones y trabajo forzozo.
Prendas exclusivas producidas bajo este régimen fueron encargadas por la princesa Máxima Zorreguieta y la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, protagonista de la serie Sex and City, entre otros clientes famosos, afirmaron los denunciantes.
Costureros que integran La Alameda filmaron en secreto durante dos días la actividad en el taller denunciado, uno de los elementos de prueba que "demuestra lo que estamos denunciando", añadieron.
En su calidad de titular de la Fundación La Alameda, Vera pidió al juez Armella que investigue a los tres diseñadores de moda y a la dueña del taller clandestino por los delitos denunciados, así como que brinde protección a los costureros, sus víctimas.
El texto incluyó un pormenorizado relato de los hechos y detalles como una descripción de la precaria instalación eléctrica en el taller, entre otros.
Precisó que en el lugar trabajan a destajo siete costureros, la mayoría inmigrantes, con jornadas de 10 y más horas, contratos "en negro", sin el pago de horas extras y por salarios muy inferiores a los establecidos en el convenio laboral de la actividad, entre otras irregularidades.
Según La Alameda, estas condiciones indican "que las personas que allí trabajan están sometidas a un régimen de explotación susceptible de ser considerado trabajo o servicio forzado de conformidad con la interpretación del mencionado concepto que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".
La presentación vincula además las obligaciones que surgen de convenios de la OIT con figuras contempladas en la legislación argentina, entre las cuales "el delito de reducción a servidumbre previsto y reprimido en el artículo 140 del Código Penal".
También las relaciona con conveciones y pactos internacionales de derechos humanos y laborales que tienen en la Argentina jerarquía constitucional.
Pide además que "se proceda de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 y concordantes de la ley 26364 respecto de las víctimas de los delitos denunciados". (Télam).-
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