Luis D’Elía presidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) propone un proyecto para adjudicar, a través de créditos sociales, lotes para las familias sin hogar; adelantando que el Pacto Nación-Ciudad de Buenos Aires recientemente firmado, irá a parar al cesto de los papeles, si el pueblo argentino no encuentra respuesta a sus problemas de hábitat popular.
Luis D'Elía manifestó: "Es necesario repensar la estructura geográfica y humana de aquel país agroexportador que se organizo en el sentido de las vías férreas, teniendo como cabeza terminal a los grandes puertos. El plan estratégico territorial presentado en marzo del 2008 por la Presidenta Dra. Cristina Fernández, constituye una fundamental iniciativa en ese sentido
Argentina enfrenta en el ámbito rural el flagelo de la concentración de la tierra en pocas manos y la extranjerización desmesurada de la misma. Nuestro país tiene trescientos millones de hectáreas de las cuales ciento cincuenta millones, son productivas, el 11% de la población argentina concentra el dominio del 88% de la superficie productiva, mientras que el 90% de sus habitantes vive hacinado en el 10% del territorio.
Es menester diseñar políticas de corto, mediano y largo alcance en materia de hábitat social. Identificado el problema es necesario avanzar en el país de la tierra, en la creación de un Ministerio de Tierras y Producción del Hábitat Social, que a mi criterio debe tener 3 grandes aéreas o secretarias, Reforma Urbana, Reforma Agraria y Tierra Aborigen.
La reforma urbana debe atender la resolución de problemas crónicos que tienen que ver con las villas y asentamientos poblacionales a los largo y a lo ancho de la Republica Argentina, es por allí donde se deben canalizar los programas de esponjamiento de villas o en su defecto de radicación definitiva de las mismas, fortaleciendo el equipamiento comunitario con escuelas, guarderías, salas de salud, y proveyendo de servicios como cloacas, agua, luz, gas, etc; realizando apertura de calles y legalización efectiva del dominio territorial.
Solo así se alcanzaran los estándares internacionales que consagra la ciudad democrática en los protocolos de Naciones Unidas Hábitat, para que en el futuro no se sucedan nuevos asentamientos; se debe avanzar en la reforma de la Ley 8912 de Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires. Y promover la creación de instrumentos similares en el resto de las provincias argentinas, con estados activos y presentes que puedan generar de manera planificada la acción del mercado inmobiliario en nuevos loteos populares, como sucediera en la década del 50, 60 y 70, donde se poblaron los conurbanos de nuestro país.
Se debe avanzar en un estado que planifique e intervenga en la oferta a sectores populares en gran escala de lotes con servicios esenciales e infraestructura comunitaria, hasta con un crédito blando que le permita rápidamente construir el núcleo húmedo de la vivienda. Esta oferta debe tener clara la capacidad de ahorro de los distintos sectores populares y ser muy comprensiva a la hora de exigir requisitos.
Hoy es posible pensar en la planificación, dado las enormes tareas de infraestructura llevadas por el estado nacional en los conurbanos, construyendo autopistas, caminos, etc. Como por ejemplo en Buenos Aires, el cuarto y quinto cordón del conurbano.
De acuerdo a los datos aportados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de General Sarmiento, existen en el primer, segundo y tercer cordón del conurbano alrededor de 1000 villas y asentamientos, allí se debe avanzar en las tareas de inclusión de la trama consignadas presentemente.
En el ámbito rural se debe trabajar en la reconstrucción provincial de muchos registros de la propiedad obsoletos, amañados, absolutamente alejados de los cánones de la tecnología y la modernidad. Es necesario crear una Dirección Nacional de Registro Dominial que permita al Estado Federal tener una información parcelaria, concreta de todo el territorio nacional. Se debe modificar la Ley Nacional de Regularización Dominial Nro. 24374 para que su aplicación pueda extenderse del plano residencial, al plano residencial - productivo, y se debe avanzar en el reconocimiento dominial de extensas geografías habitadas ancestralmente por el campesinado argentino, que hoy se encuentran en absoluto estado de indefensión jurídico.
Estas políticas deben ser conducidas políticamente por el estado y con una fuerte participación de los movimientos sociales que aportan inserción territorial y un enorme caudal de conocimientos técnicos y recursos humanos de altísima calificación
La tarea con el campesinado debe asegurar no solo el dominio de sus parcelas sino también la infraestructura habitacional y el fortalecimiento de sus instrumentos de producción que le permitan garantizar el desarrollo completo de las familias por la vía de la absoluta soberanía alimentaria
Con los pueblos originarios se deben asegurar estructuras institucionales que les garanticen la propiedad comunitaria de la tierra, como consagra en su articulado la Constitución Nacional y como instrumenta la Ley 26160 elaborada oportunamente por la entonces Senadora Alicia Kirchner y Fellner.
Que la crisis desatada en Villa Soldati sea una magnifica oportunidad para dar un salto de calidad en las respuestas institucionales, el actual gobierno de Cristina Fernández tiene una masiva respuesta en materia de construcción de vivienda tradicional, pero necesita construir una agresiva política en materia de tierras. Y son los movimientos sociales quienes podemos enriquecer la gestión del gobierno nacional con aportes en esta materia. El Pacto Nación-Ciudad de Buenos Aires que firmaron Aníbal Fernández y Horacio Rodríguez Larreta va a ir a parar al cesto de los papeles, si el pueblo argentino no encuentra respuesta a sus problemas de hábitat popular tanto en el mercado como en la gestión del estado. Si esto no sucede, va a seguir habiendo tomas de tierras en la República Argentina."
Luis Ángel D'Elía
Presidente Federación Tierra y Vivienda
15 5409-7073
No hay comentarios:
Publicar un comentario