LOS DESAFÍOS DEL 2011
Los que creemos en la política, los que creemos que “el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas”, como dice Bertolt Brecht, creemos sin lugar a dudas que el principal desafío del 2011 es que, el proyecto nacional, popular y transformador representado por el Kirchnerismo gane las elecciones de octubre.
Los que creemos que el Estado y las políticas públicas, forman parte de la lucha de intereses y de ideas e inciden en el proceso económico y social, ya sea para mantener situaciones de injusticia y exclusión o para transformarlas en beneficio de los sectores más pobres y excluidos y de una mejor distribución de la renta nacional, creemos que en las elecciones del 2011 se opta por el proyecto de desarrollo con inclusión, diversidad productiva e integración regional que representa la Presidenta Cristina Fernández o se vuelve al del ajuste permanente de la inequidad producto de la aplicación de políticas neoliberales durante tres décadas y que profundizó la brecha entre ricos y pobres, entre el capital y el trabajo y entre las distintas regiones de nuestro territorio.
Las políticas de hábitat como parte de las de seguridad social, en lo que me compete, no escapan a esta lógica y por lo tanto es importante decir, que la informalidad y el déficit habitacional que sufre, todavía, una parte importante de la población no se entienden, sino se hace mención al proceso de acumulación y concentración de la riqueza que se profundizó en la década de los 90 y que se expresa con singular crueldad en el hábitat tanto urbano como rural.
La organización territorial de los países de América del Sur expresa la matriz extractiva de los recursos naturales. Ésta matriz representa el proyecto de las oligarquías con intereses vinculados a las metrópolis dominantes que se impuso al de los patriotas que proponía la soberanía de la región basada en la unidad continental con industrialización.
Estos modelos significan en el primer caso, territorios tributarios de ciudades puerto, cabeceras del comercio exterior de distinto tipo de producción primaria, la misma estructura que se desarrolló fue para transportar los bienes de extracción sin articulación intraregional.
El desarrollo territorial está determinado por las relaciones de poder del sistema social en cada momento histórico, las distintas condiciones internacionales determinaron la valorización de nuestro territorio en cuanto al rol que ha asumido de productor de materias primas requeridas por el poder hegemónico de cada época. En una América Latina más justa, más armónica las migraciones internas tendrán seguramente un sentido distinto al actual.
Ha habido dos proyectos de país en disputa a lo largo de la historia, y el Gobierno Nacional a partir del 2003, en materia de hábitat ha implementado una potente política de obra pública en general y de vivienda en particular, priorizando la producción y el trabajo directo e indirecto, en el marco del Plan Estratégico Territorial que trabaja para quebrar esa impronta de inequidad.
Los últimos conflictos por la tierra que se cobraron vidas en La Primavera, Formosa y en Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires son expresión trágica de esa disputa histórica, por eso introducir en la agenda pública la cuestión de la tierra creo que debe ser uno de los grandes desafíos del 2011.
En el 2011 el ESTADO debe ser un protagonista fundamental en esta empresa, para revertir la situación de inequidad y poder seguir planificando el futuro. Como se operó en la ley de servicios audiovisuales se debe transitar un proceso de construcción conducido por el gobierno nacional mediante la formación de consensos, de grandes acuerdos sociales entre quienes tienen intereses comunes en el marco de los modelos en conflicto.
Insisto en que si acordamos que el ESTADO y por lo tanto las políticas públicas son expresión de las relaciones de poder y correlación de fuerzas sociopolíticas, quienes estamos en la conducción de ese ESTADO desde distintas trincheras debemos profundizar las políticas que apoderen en términos materiales pero también organizativos a los sectores más débiles de la sociedad, sujetos protagónicos de la informalidad dominial, de los déficits habitacionales y principales víctimas de los desalojos.
Todo esto sin desatender a otros sectores, los sectores medios, que tienen objetivamente intereses comunes a los del trabajo y del pueblo, pero que subjetivamente muchas veces quedan del otro lado, de los poderosos, de los grandes propietarios.
Es decir que cada vez que el ESTADO intervenga, como creemos que debe hacer:
· promoviendo la consideración del derecho de propiedad privada en un sentido más amplio que incluya las responsabilidades que genera ese derecho y que contenga además, como valor fundamental el principio de solidaridad y de responsabilidad.
· castigando fiscalmente tierras e inmuebles ociosos
· reteniendo y distribuyendo rentas extraordinarias
· apropiándose para el conjunto de la sociedad de plusvalías urbanas o rurales
· interponiéndose en el proceso de concentración y extranjerización
· jerarquizando cada vez más institucionalmente y económicamente los organismos competentes
· resguardando el derecho a la tierra de los pueblos originarios (a través de la ley nro. 26.160) y de los campesinos (ampliando la competencia de la ley de regularización dominial nro. 24.374 de lo residencial a lo productivo).
· promoviendo la producción de suelo urbano y rural articulando la participación del conjunto de actores públicos y privados regulando garantías para los mismos y beneficios justos para los distintos intereses.
· unificando y mejorando la calidad de los registros catastrales y de la propiedad.
· fortaleciendo los existentes y creando nuevos bancos de tierras como plataformas para la planificación de futuras intervenciones.
es decir, que cada vez que el Estado intervenga avanzando en la democratización de la tierra urbana y la rural, encuentre a amplios sectores de la población apoyando esas decisiones.
Ruben Pascolini
Miembro de la Mesa Nacional de la Federación de Tierra y Vivienda.
Presidente de la Comisión Nacional de Tierras Padre Carlos Mugica
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