Dr. Ramón Carrillo (con algún agregado actual)
DE LA FRAGMENTACIÓN AL PLAN NACIONAL
Uno de los pilares de la dominación cultural neoliberal y el éxito del mismo como cultura dominante, es la fragmentación, no sólo en el ámbito de la salud, sino en cada expresión política, social o institucional de la Argentina. En lo específico de la salud, esa fragmentación se expresó con crudeza en la división hasta la municipalización de los servicios de atención de la enfermedad, decretando de hecho la desaparición fáctica del Ministerio respecto a la necesaria centralización normativa, herramienta central de la reforma carrillista que aún se estudia en otros países del mundo como teoría del hospital, aporte intelectual vigente e invalorable del primer ministro de Salud argentino.
Dicha situación de fragmentación de claro contenido de intereses privados que vieron facilitado su acceso al sector público –en su forma más perversa– como el kioscado (se llama kiosco al sector del hospital público que a cambio de una renta o prestación de servicio gratuito se privatiza, ejemplo rayos) de servicios que desvirtúan el eje solidario de las prestaciones médicas solidarias. Siempre con la excusa de la falta de recursos, se permiten nichos de corrupción, de canjes de favores y pacientes cautivos para la actividad privada, estableciendo servicios de primera y segunda categoría dentro del mismo hospital.
Pero sin embargo lo trágico de esta fragmentación radica en la injusticia social que genera ante la diferencia de recursos –tanto económicos como humanos– entre diferentes municipios, generando incluso expectativas de vida diferentes entre grupos etarios de provincias argentinas, implosionando cualquier intento de construcción de un proyecto nacional. En esa lógica neoliberal, profundamente individualista se asientan las decisiones políticas en el ámbito de la salud, lo cual lleva como única mecánica la atención de la enfermedad, los programas por patologías o las circunstancias siempre dramáticas de brotes endémicos o epidémicos, llevando a los funcionarios a correr detrás de la presión mediática antes que de la planificación necesaria que optimiza la utilización del recurso que conlleva a una mejor prestación en el tiempo.
Reparar el eje cultural de la fragmentación llevará a la decisión política de reconstruir una política nacional de salud que abordaremos más adelante, pero en el marco de un Plan Nacional de Salud que integre necesariamente los subsectores en los que se desarrolla en la actualidad la atención de la enfermedad.
Cada vez que se inaugura un hospital, estamos estableciendo un mecanismo de atención de la enfermedad a un universo determinado de compatriotas. Que dicho evento constituya por sí solo una política dista de la realidad sanitaria de nuestro país, ya que la misma no incluye –en palabras de Carrillo– desde los factores enumerados al encabezamiento del artículo ni la necesaria prevención, inversión para la cual siempre los recursos llegan tarde o están atados a planes o políticas de los organismos internacionales que ignoran nuestras propias prioridades.
Por lo tanto el primer cambio es cultural, profundo, trascendente que nos lleve a pensar y actuar como agentes comunitarios a todos los trabajadores de la salud ya que no somos propietarios del saber, sino simples ejecutores de conocimientos con herramientas para llevarlos adelante. Desde medidas de higiene hasta el control del niño desde el embarazo hasta la finalización del ciclo escolar, permiten desarrollar políticas de detección precoz de patologías, tratamientos precoces de discapacidades diferentes que permiten socializar e incorporar al mundo del trabajo a dichos compatriotas, hasta medidas de higiene y seguridad en el trabajo que afectan severamente al trabajador argentino, en especial después de la ley 24.557 que privatizó el control de las mismas, llevando al mundo del trabajo la flexibilización de la salud de los trabajadores, menos conocida que la Banelco, del resto de las condiciones laborales.
En este marco están las ART, compañías de seguros cuyo afán de lucro desprecia la salud de los trabajadores rechazando enfermedades del trabajo, impactando severamente sobre la Seguridad Social en la economía de las obras sociales solidarias. Esta ley debería ser una auténtica herramienta de prevención, de cambio del paradigma de salud, protegiendo el único capital que tiene el trabajador en su contrato laboral, que es su salud. En este camino la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) tendría un rol incumplido por falta de presencia frente al riesgo y como autoridad de aplicación del poder de policía sobre las condiciones de trabajo que ponen en peligro la salud de los trabajadores.
El nivel de apuntalamiento de la salud en la población implica salir del hospital, movilizar a la comunidad, construir ejes organizativos alrededor del sistema sanitario con participación y niveles de decisión comunitaria, ya que son los compatriotas quienes conocen sus prioridades. La salud constituye un eje organizacional permanente a diferencia de educación, vivienda, agua y cloacas que en algún momento se terminan, lo cual transforma al eje sanitario en una forma apta de construcción de organizaciones libres del pueblo, con un objetivo que además derrota la concepción de la salud en función del hospital como reclamo permanente, desarrollando el concepto de la construcción cotidiana de condiciones de salud. En este tema hay que atreverse, convocar, escuchar, bajar de los supuestos púlpitos del saber y dejar fluir la sabiduría de nuestro pueblo.
Una de las cuestiones que hace a la planificación de la salud es la dependencia que se tiene en el tema de los medicamentos, siendo esta una de las cuestiones centrales a resolver. Hasta hace no muchos años la materia prima de los medicamentos se fabricaba en nuestro país –algunos pocos laboratorios privados lo hacen– pero en general la droga base se compra en el exterior, lo cual nos hace vulnerables frente a cualquier eventualidad bélica en el mundo.
Carrillo había desarrollado ya en la década del 50 el EMESTA, empresa de producción pública de medicamentos por primera vez en la historia de nuestro país, liquidada por la revolución fusiladora que lo persiguió, embargó y exilió. Oñativia, ministro de Illía en el 66, provocó con su propuesta de Ley de Medicamentos la revolución llamada argentina; la ley de patentes de Cavallo pudo ser frenada y salvada, con esa decisión política la industria nacional privada.
La mal llamada ley de genéricos (en realidad monodrogas) actual de Ginés, sin dudas es un avance aunque parcialmente acatada demuestra todo lo que falta construir en especial en la producción pública de medicamentos, el control de los medicamentos de alto costo y baja incidencia, la producción de medicamentos huérfanos, la producción estatal de vacunas y la puesta en marcha de un sistema donde el Estado establezca los mecanismos de accesibilidad y universalización del medicamento al conjunto de la población, como derecho humano esencial lo mismo que la salud en general.
La Seguridad Social es a través de las obras sociales o del hospital público quien termina asumiendo los costos de los medicamentos, por lo cual el primer frente de combate al despilfarro es la compra centralizada por parte del país de esos medicamentos de alto costo y baja incidencia, como así también las prótesis importadas, evitando una comercialización estafadora y codiciosa en la cual los médicos no somos ajenos, donde el laboratorio, los servicios y las prótesis se han constituído en parte perversa del salario profesional en este marco de fragmentación.
Desde la formación universitaria el futuro médico recibe la instrucción del medicamento como arma en su lapicera, de ejecución de su saber. La cultura popular instalada y forjada por los medios, hace del medicamento la panacea. Médico que no receta, no es confiable. La publicidad del medicamento, que debería ser prohibida en todas sus formas, hace el resto del trabajo de desinformación sobre los mecanismos de la salud.
La producción pública de medicamentos a través de la Red de Laboratorios Públicos puede ser el eje de la recuperación de soberanía en salud, abasteciendo la atención médica primaria del sector público hospitalario, promoviendo como lo hace I-D investigación y desarrollo, escaso en el sector privado, movilizando el excelente recurso humano con que cuenta nuestro país, constituyendo los Comités de Bioética que resguarden la prescripción de medicamentos genuinos, estableciendo estructuras de costos como testigos de precios.
Para ello es necesario diseñar e instalar políticas activas que permitan el desarrollo estructural de los laboratorios estatales, surgidos en muchos casos como necesidad frente a la crisis y la municipalización de recursos, en el ámbito precario de la fragmentación. Se debe trabajar en la contra-información enarbolada por la industria en el sentido de denigrar el medicamento copia o genérico como medicamento de segunda para los pobres, como si el medicamento pudiese tener niveles de confiabilidad por sectores sociales, un verdadero insulto a la inteligencia y a la humanidad.
La ANMAT, organismo de control de medicamentos, alimentos y tecnologí,a debe ser reformulado en ese sentido: es decir, que garantice como lo hace, indicadores de calidad en la producción –sea privada o estatal– pero debe actuar en limitar las drogas del Anexo 1 que por ser aprobadas en los países centrales, son incorporadas automáticamente a nuestro país, muchas de ellas luego desactivadas en sus países de origen por los efectos secundarios. La lista es tan numerosa como las multas aplicadas a los laboratorios extranjeros, que no son publicadas: los argentinos no somos informados y los medicamentos se siguen vendiendo a las obras sociales. Todo un desafío enfrentar a la industria en este sentido y evitar los mecanismos de corrupción que rodean al medicamento.
Durante años la inversión en salud fue llamada gasto, porque en la ideología neoliberal aquello que no produce ganancia es improductivo, aunque sea un derecho humano esencial. En ese sentido es poco conocido que el nuestro es el único país del mundo en que los trabajadores aportan de su salario directo o diferido para su salud y la de los mayores (PAMI) solidariamente. De esa masa de recursos un 10% va a la APE (Administración de Programas Especiales) que en forma solidaria concurre o debería concurrir ante la enfermedad compleja que requiere ser financiada. Es un recurso de los trabajadores que suma 2.500 millones al año y su excedente debería ser distribuído entre los aportantes en forma proporcional. Esto es lo que reclama el movimiento obrero: no son fondos nacionales tributarios, son recursos genuinos de ahorro interno para la salud de los trabajadores.
Sobre estos recursos operó en forma enérgica el Banco Mundial durante la vigencia del estado neoliberal y lo sigue haciendo a través de créditos atados a políticas que no siempre coinciden con las prioridades nacionales. Así el Plan Remediar, que ayudó y mucho en la crisis es como la traqueotomía: sirve para salvar la vida pero no para vivir.
Nuestro plan debe ser la producción pública y la producción nacional pero en una planificación de salud, que impida que los laboratorios nacionales mantengan los niveles de ganancias de miles por ciento. El gasto total de salud en la Argentina está desvirtuado ya que los medicamentos alcanzan el 30% del gasto total, cuando en la mayoría de los países del mundo no llega al 18%. Un verdadero disparate por falta de controles y regulaciones.
Como en otros temas del ahorro interno el Banco Mundial fue quien exigió y financió la desregulación de las obras sociales como forma de permitir la irrupción de las prepagas en su seno, desvirtuando la solidaridad y provocando el descreme, lo mismo que sucedió con el sistema previsional y las AFJP, eliminadas por decisión política soberana.
Esa desregulación que responde a un simple decreto –el 446/00– puede ser eliminada por otro decreto que permita rearmar el sistema desde la lógica de la solidaridad, eliminando el lucro como eje de construcción social en el tema salud. Es una decisión política que deberá ser acompañada por el movimiento obrero, ya que las obras sociales en su conjunto atienden la enfermedad y algunas cuestiones de la salud del 48% de la población. Además ante la ausencia del Estado se han hecho cargo de la discapacidad, de las enfermedades huérfanas, de la alta complejidad, de los crónicos, sin períodos de carencia ni límites de edad.
Es decir que el sistema está supliendo al Estado de acuerdo a lo normado por el artículo 14 bis de la C.N., en lo referido al tema de la salud como derecho constitucional, que en la práctica está subsumido en las obras sociales y el hospital público, que debe atender incluso aquellos casos de accidentes de trabajo y terceros que deben ser atendidos por aseguradoras que apoyadas por el sector financiero, evaden su responsabilidad en el momento de mayor gasto que es el de la urgencia. Como vemos, quienes menos tienen financian a los que más tienen, los trabajadores al sector asegurador. Reinstalar la solidaridad desde la salud es afrontar estos conflictos necesarios para que siguiendo a Jauretche digamos “como en las carreras cuadreras, para largar, primero emparejemos”.
Modificar las leyes 2.3660 y 23.661 es dar un paso adelante en controlar el sistema prestador que avanza sin regulaciones por parte de la SSS (Superintendencia de Servicios de Salud) que al haber eliminado los precios prestacionales de referencia en el nomenclador nacional, permite aumentos abusivos sobre las obras sociales sin tener que afrontar los prestadores siquiera sanciones de la autoridad administrativa. Quien trabaja para la seguridad social debe ser consciente que es un sistema solidaria: o se trabaja o no se trabaja, pero no se lo trafica.
Por último debemos abocarnos al tema medioambiental, en este paneo sobre la salud y la necesidad de construir un Plan Nacional de Salud que involucre a todos los sectores que determinan los procesos sanitarios e indicadores de una mejor calidad de vida de los argentinos.
La irrupción de la lógica productivista por sobre la sanitaria en el tema de las materias primas de alimentos, que trajo la semilla transgénica y el glifosato, alteró profundamente la relación del hombre con el medio, lo deterioró y lo condicionó a futuro.
Están comprobados tanto los efectos ambientales como humanos producidos por este flagelo que desertiza la tierra, desmonta los bosques ampliando la frontera productiva a costa de la salud de las poblaciones cercanas, altera la productividad a futuro, trabaja para los fondos de inversión extranjeros sin otro compromiso que la ganancia y sin arraigo en el país, verdaderos fondos buitres lanzados sobre la Argentina, sin compromiso con el futuro de nuestro país. Dice el dicho “pan para hoy hambre para mañana” y de eso –en las últimas décadas– conocemos algo los argentinos. Pero también sobre la salud de nuestros compatriotas, sobre las economías de subsistencia de nuestros paisanos del interior, arrasando las producciones cooperativistas, los nichos de producción y la ecología.
Los rangos de enfermedades oncológicas en algunas zonas de nuestro país son un muestreo de esta situación, que por sectores es dramática; sin embargo la discusión discurre por carriles económicos antes que sanitarios. El dios mercado manda en la realidad cotidiana de poblaciones fumigadas por el afán de lucro desmedido, sin prevención ni medidas que amparen a nuestros compatriotas. El glifosato altera genéticamente a los mamíferos entre los cuales nos encontramos. La flora y la fauna son arrasadas sin piedad, con sólo pensar en los pájaros que ya no están en las rutas, los insectos que no ensucian ya los parabrisas de los coches y vehículos como antaño y no es nostalgia, es indignación ante la desidia de productores y organismos de control entre ellos el sistema sanitario argentino.
No son un dato más las contaminaciones arsenicales y mercuriales, las primeras de las explotaciones mineras sólidas, las segundas de los hidrocarburos –en especial gas y petróleo–, que contaminan napas acuíferas de las reservas de agua dulce en nuestro país, recurso natural estratégico respecto del cual el general Perón (el 1º de mayo del 74 en su mensaje al Parlamento con el documento Modelo Argentino para un Proyecto Nacional), nos alertara sobre la preservación de los mismos con una anticipación prospectiva que lo ubica en su mejor nivel de estadista.
Por esos temas es que reafirmo que no se puede gestionar al Estado sin ideología y no hay ideología sin objetivos.
En salud la falta de planificación se paga con muertes innecesarias. No es gratuito cuando llegamos tarde y un Estado enmarcado en la Justicia Social no puede llegar tarde, no debe llegar tarde. Prevenir es el desafío, apuntalar la salud el objetivo. “Donde existe una necesidad hay un derecho” nos decía Evita y en salud como estado biosocial de equilibrio es determinante su aplicación, ya que fue reemplazada por la lógica del mercado, el lucro, la ganancia, bajo la construcción del pensamiento neoliberal del gasto improductivo.
JORGE RACHID
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