La media sanción en Diputados del 82% móvil para los jubilados, aprobada por una mayoría compuesta por radicales, peronistas disidentes, cívicos y del PRO, con el insólito apoyo de Proyecto Sur, socialistas y el GEN, demostró que la derecha, interesada en proteger la rentabilidad de las grandes patronales y paralizar la gestión de gobierno, es al fin y al cabo la que dirige y lidera el rumbo de la oposición en el Congreso.
En un contexto de polarización extrema, la presunta centroizquierda que habilitó la sesión y apoyó el proyecto, al igual que en la 125, terminó convalidando una iniciativa opositora que, despojada de las volutas retóricas, no aporta a otro objetivo más que al de restauración conservadora, tal como lo demandan los grandes grupos de poder económico y mediático.
A eso y no a otra cosa apunta lo que se aprobó aquella madrugada en Diputados, de tal modo que de nada vale lagrimear ex post facto argumentando ingenuidad, y lamentarse porque el núcleo duro del poder no haya autorizado a sus subordinados en la Cámara a restituir los aportes patronales derogados durante la etapa menemista.
Al menos, los socialistas A y los del GEN tuvieron la franqueza de resguardar abiertamente el bolsillo empresarial al momento de la votación en particular.
De este modo, una medida que ningún legislador medianamente informado, sea del bloque que fuere, considera viable en los términos en que fue sancionada, revela hasta qué punto se degradan sectores que están dispuestos a llevar al default con tal de mejorar sus chances electorales, al tiempo que pujan entre sí para asumir la mediación política con los sectores más concentrados del capital, sumidos en el descrédito masivo tras las reformas de mercado de los ’90.
La aplicación del 82% móvil a todos los jubilados y pensionados, que implicaría una erogación intolerable para la economía nacional, no sólo acabaría con el sistema previsional sino que volvería inevitable una devaluación, el aumento de las tasas de interés y, en consecuencia, el déficit fiscal. No es posible que un partido o un dirigente que se proponga seriamente gobernar al país plantee dilapidar el mayor escudo protector contra las tormentas financieras que azotan al mundo, como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A menos, claro está, que se quiera repetir el gesto de Cavallo cuando acudió a los centros financieros internacionales en 1988 para pedir que nadie le preste dinero a la Argentina porque el próximo gobierno pondría en marcha un programa a su medida.
¿Será ese el caso? Así lo sugiere la mencionada negativa a considerar la restitución plena de los aportes patronales para las grandes empresas y, mas aun, ignorar la propuesta del bloque Nuevo Encuentro, de imposición a la renta financiera, otra medida que encrespa al gran capital. En cambio, la oposición ataca uno de los núcleos que provocó tanto encono en el establishment local e internacional: los fondos con que las AFJP financiaban petroleras británicas (las mismas que exploran yacimientos en Malvinas) y hoy sirve para sostener, entre otros programas, el de Asignación Universal por Hijo, que permitió sacar de la pobreza a 2,4 millones de hogares, como lo demuestra una investigación de la Universidad de La Plata.
Ninguno de estos programas se sustenta en la matriz asistencialista que aconsejan los organismos financieros internacionales, sino en la concepción de derecho y de construcción de ciudadanía, tan alejados de la vituperada acción clientelística.
Atacar las bases de esta política de evolución social es un acto de barbarie sobre el cual no se puede construir nada que no sea el regreso al país de la injusticia y la represión.
Nadie puede decirse progresista y al mismo tiempo contribuir a que eso sea posible.
* Ex diputado nacional del P. Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional
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